La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El proceso fue anunciado tras denuncias sobre posibles omisiones en la atención de solicitudes urgentes elevadas por el partido Centro Democrático desde 2023, en las que se pedía revisar y reforzar los esquemas de seguridad de sus integrantes.
Según informó el ente de control, con esta investigación se busca verificar no hubo atención a las solicitudes y si dicho comportamiento constituye una falta disciplinaria, además de conocer los motivos en el proceder de la entidad y confirmar si se actuó bajo alguna causa que exonere de responsabilidad.
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Como parte de las primeras acciones de la investigación, la Procuraduría solicitó a la UNP un informe detallado sobre el seguimiento que se hizo a las peticiones de seguridad del Centro Democrático, incluyendo las acciones adoptadas para cumplir con los requerimientos. Dicho informe será clave para determinar si Rodríguez incurrió en negligencia administrativa.
Cabe precisar que la apertura del caso ocurre en un momento rodedo de cuestionamientos, debido al atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá.
Las solicitudes ignoradas
En una nota de prensa publicada en el portal oficial de la Procuraduría General de la Nación, se indica que desde 2023 Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, alertó formalmente a la UNP sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad de los líderes del partido.
Sin embargo, y según han señalado tanto dirigentes como abogados cercanos al caso, dichos requerimientos no fueron atendidos con prontitud.
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A su turno, el abogado Víctor Mosquera, apoderado del senador Uribe Turbay, afirmó que se presentaron 23 solicitudes solo en 2025 para reforzar el esquema de protección del senador, sin que se obtuviera una respuesta efectiva.
Mosquera también indicó que las respuestas eran genéricas, repetidas, e incluso —según sus palabras— “copiadas y pegadas”, asegurando que no existía un riesgo real que justificara cambios en el esquema del senador.
Gobierno admite fallas
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció públicamente que la Unidad Nacional de Protección falló en atender las solicitudes del Centro Democrático, incluyendo las del senador Uribe.
“Había unas denuncias (…) que decían que no habían sido atendidas esas solicitudes, y eso debe resolverse”, afirmó. Además, indicó que se aplicarían fuertes medidas correctivas para solucionar lo que calificó como “una falla en el trámite y la atención debida”.
¿Miguel Uribe tuvo un esquema débil para un candidato presidencial?
El concejal Andrés Barrios, quien acompañaba al senador Uribe en el momento del atentado, comentó a La FM de RCN que en el parque donde se realizaba la actividad política solo había dos policías y dos agentes motorizados, sin presencia visible de chalecos antibalas ni otro tipo de protección especializada.
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“Creo yo que, para ser un candidato presidencial, no había suficiente seguridad”, dijo Barrios, quien también advirtió que identificó personas sospechosas entre los asistentes, pues eran completamente ajenas a la dinámica del evento. Esta observación fue entregada directamente a la Fiscalía como parte de la investigación.
El propio presidente Gustavo Petro fue claro al afirmar que cuando un protegido del Estado es atacado, ha habido una falla institucional que debe ser examinada.
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Durante su más reciente alocución, el jefe de Estado instó a las entidades de inteligencia y seguridad a trabajar de forma articulada para encontrar a los autores intelectuales del atentado y dejó claro que no se escatimarán recursos —ni humanos ni financieros— para esclarecer lo ocurrido. Recalcó, además, que el Estado tiene el deber de proteger a los miembros de la oposición, pues garantizar su vida y libre ejercicio político es pilar de la democracia.
