Colombia recibió el sábado a unos 600 de sus ciudadanos que estaban presos en Ecuador y que fueron deportados a pie a través de un puente fronterizo, lo que originó una protesta diplomática de Bogotá por considerar que el operativo se realizó de forma «unilateral» y sin previo aviso.
El gobierno ecuatoriano tomó esa medida para descongestionar las cárceles, que están bajo control de militares para evitar enfrentamientos entre bandas narco rivales que se disputan el poder en cruentas masacres. Desde 2021, cerca de 500 reclusos murieron en enfrentamientos entre grupos criminales.
Las prisiones de Ecuador tienen capacidad para 30.000 reos y antes de la llegada del presidente Daniel Noboa, en noviembre de 2023, concentraban a 39.000. En enero pasado, la población bajo a 31.300.
«En la madrugada han llegado 603 personas, 60 mujeres, 543 hombres, y se ha cumplido con la recepción» en el puente de Rumichaca, principal conexión entre los dos países, dijo la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, quien llegó al sitio para atender la situación.
«Hemos tenido una presencia no planificada, no informada por parte del gobierno ecuatoriano, a quien se le había solicitado en notas verbales un diálogo para establecer un retorno ordenado de estos connacionales», agregó la funcionaria en un video divulgado por su cartera.
– «Murió de hambre» –
Bajo el resguardo de decenas de policías y militares de Ecuador, los reclusos con uniformes naranjas hicieron fila en Rumichaca para ingresar a Colombia, constató la AFP.
En la madrugada, algunos deportados que llevaban pantalones cortos y camisetas realizaron ejercicios físicos para combatir el frío andino. «Queremos pasar, queremos pasar», gritaron mientras esperaban que las autoridades colombianas los recibieran.
En la localidad de Ipiales, donde está el puente, Juan Ramírez relató a la AFP que permaneció 15 meses en una celda de la penitenciaría de Latacunga, donde escasea la alimentación para los reos.
«Fue dura esa odisea allá adentro. Más de uno de mis compañeros murió de hambre», expresó.
«Nos expulsaron para Colombia y acá estamos. Ya por lo menos nos trajeron, nos tiraron acá. Ni siquiera Migración de Colombia sabía que veníamos para acá, eso fue de un momento a otro imprevisto», añadió.
El alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, indicó el viernes que los presos quedarán libres si no tienen procesos judiciales pendientes en Colombia.
La cancillería colombiana también señaló que otros 500 deportados llegarán entre el miércoles y jueves, por lo que insistirá ante Quito para un calendario y un proceso ordenado.
– Deportaciones anunciadas –
El organismo estatal a cargo de las prisiones ecuatorianas (SNAI) precisó en un comunicado que está en proceso la deportación de 1.000 colombianos. En los reclusorios del país se estima que había unas 1.500 personas de esa nacionalidad.
El viernes, la cancillería colombiana presentó una nota de protesta diplomática ante Quito por considerar que la deportación se realizó de «manera unilateral» e «incumpliendo» el derecho internacional.
Señaló en un comunicado que Quito inició la deportación «desatendiendo las respetuosas y reiteradas» solicitudes para generar antes un protocolo. Además tildó la medida de «gesto inamistoso».
La cancillería ecuatoriana indicó el sábado en un comunicado que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio, que se realizan con «respeto a los derechos humanos» y tras revisión individual del caso de cada preso, por lo que «rechaza (…) la afirmación de una supuesta deportación colectiva».
Noboa expresó en 2024 su deseo de deportar a reos colombianos para descongestionar las prisiones. En abril, unos pequeños grupos empezaron a ser trasladados hasta la frontera.
Su homólogo, Gustavo Petro, mostró su desacuerdo e indicó que debía establecerse un plan conjunto para respetar sus derechos.
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