Autor: Paola Rad- Abogado
El Tribunal Administrativo del Departamento del Archipiélago, Providencia y Santa Catalina, Providencia y Santa, dio un paso trascendental en el proceso de mal funcionamiento debido a la lesidad que el gobierno presentó contra la Asociación Regional de los Municipalidades de los Municipales de Karib (Amema).
A través del coche no. 0022 del 3 de marzo de 2025, el juez José María Mow Herrera descubrió que los requisitos de procedimiento se cumplieron para una penalización temprana, un mecanismo legal que permite que el caso se resuelva sin la necesidad de una audiencia inicial cuando no se requieren evidencia adicional.
Este veredicto podría sentarse en la lucha por la transparencia y la ejecución correcta de los recursos del sistema general del reino (SGR) en el archipiélago, en un caso que despertó interés en la nacionalidad y los controles.
Antecedentes: una marca que nunca permitió suceder
5 de agosto de 2022, Decreto 0449, el gobernador San Andrés, encabezado por entonces, el gobernador Everth Hawkins Sjoen, ha designado a Aremca como el albacea del recurso del sistema general del reino. Sin embargo, se afirmó que la etiqueta carece de legalidad, ya que el AMEMCA no está registrado en el registro de esquemas asociativos territoriales (REAT), una solicitud esencial de acuerdo con el artículo 249 de la Ley de 1955, 2019 y el artículo No. 2 del Artículo 1.2.1.2.6 Decreto 1821.
Desde entonces, la ejecución de estos proyectos ha estado llena de irregularidades, desventajas técnicas y demoras, como lo demuestra el Departamento de Planificación Nacional (DNP) y la Oficina del Fiscal del Estado.
En octubre de 2024, el Gobierno solicitó la nulidad para el lasciviano contra Amemac, alegando que el nombramiento de esta entidad como albacea del recurso violó las regulaciones actuales.
Sin embargo, el desarrollo del proceso ha demostrado una serie de acciones que parecen orientadas para legalizar el desempeño de los amemCa que para garantizar la transparencia en la contratación pública.
Uno de los episodios más controvertidos de este procedimiento ocurrió en enero de 2025, cuando el Comité para la Conciliación del Gobierno, compilado por Charles Livingston Livingston (e), en el doble estado como gobernador (S) y Secretario, Secretario, Secretario, secretario del Gobierno y Secretario del Gobierno, aprobó el procedimiento administrativo. una condición de que se etiquetará como ejecutores de los recursos SGR.
Esta maniobra, descrita como una burla de los procedimientos y la legalidad, fue rechazada por el Tribunal Administrativo, quien por comando no. 0011 del 27 de enero de 2025. Poco probablemente una propuesta para un retiro directo y ordenó que continúe con el procedimiento ordinario.
El tribunal dejó en claro que la reconciliación sobresaliente no podría usarse para blanquear la decisión administrativa intimidada sobre la nada, que es una pila para los intentos de ir al gobierno de Gallard para mantener a Areca en la ejecución de recursos.
En una reciente decisión del auto no. 0022, el tribunal determinó que no era necesario practicar evidencia adicional, ya que todas las pruebas documentales estaban cerca de la demanda y su respuesta sin formular el tach o la ignorancia de ellas.
Dado que Amemca aceptó en su respuesta que no estaba registrada en el momento de Reat cuando fue proclamada los ejecutores, y que la controversia era una cuestión de ley pura, el tribunal decidió aplicar la sanción de la penalización prevista bajo los artículos 182A de la Ley 1437 de 2011, agregada al Artículo 42 de la ley 2080. 2080 2021.
En consecuencia, se ordenó:
1. Coloque el litigio alrededor de la ley del decreto 0449 desde 2022.
2. Ejecutando la transferencia en la cita de conclusión, como un paso anterior hacia el castigo.
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Esto significa que la cancelación del decreto 0449 podría resolverse en los próximos días o semanas, sin la necesidad de audición, lo cual es un duro golpe para el Amemac y el triunfo para la transparencia y la supervisión de los ciudadanos.
Por otro lado, la administración de Nicolás Gallard en los medios declaró que si el tribunal respaldaba el decreto el 0449, cambiaría a otro suspendano de contrato estatal para continuar las obras. Esto causó una gran preocupación entre los ciudadanos, ya que esto podría implicar el uso irregular de la adición contractual, al contrario de la Ley 80 de 1993 y los principios de transparencia y selección objetiva.
El caso de AMEMCA no solo reveló serias irregularidades en la contratación pública del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino que también colocó una posible maneua que busca evitar la legalidad y favorecer ciertos intereses.
El juicio previsto inmediato en este proceso es una oportunidad histórica para fortalecer la institucionalidad y garantizar que los recursos públicos se ocupen de la transparencia, la eficiencia y el beneficio de la comunidad.
