Cómo operan redes políticas para capturar recursos del Sistema General de Regalías
En Colombia, el Sistema General de Regalías (SGR) fue creado con el propósito de distribuir equitativamente los ingresos obtenidos por la explotación de recursos naturales. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta herramienta de financiación territorial se ha transformado en una fuente paralela de poder político y económico, administrada por redes clientelares con acceso a las altas esferas del Estado.
Senadores, representantes y líderes regionales han aprendido a influir en la asignación de estos recursos, orientando proyectos de inversión hacia sus regiones. Sin embargo, el mayor problema surge cuando se define quién ejecuta los recursos, es decir, las entidades responsables de contratar, gastar y justificar el dinero asignado.
AREMCA: una estructura intermediaria al servicio de intereses políticos
En este contexto aparece la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), una entidad que ha ganado notoriedad por su rol como intermediaria en más de 60 contratos, que en conjunto superan los $386.000 millones. La mayoría de estos recursos provienen del Sistema General de Regalías.
La mecánica es sencilla pero poderosa: AREMCA firma convenios con municipios o gobernaciones, asume la ejecución del contrato y luego subcontrata el desarrollo de los proyectos a fundaciones o empresas afines a los políticos que promovieron la asignación de recursos. Esto crea un circuito cerrado en el que los fondos públicos circulan entre actores vinculados políticamente, con poca o nula vigilancia externa.
El papel ambiguo de municipios y gobernaciones
Una de las razones por las que AREMCA ha podido operar con tanta facilidad es la debilidad institucional de muchas entidades territoriales. En numerosos casos, las alcaldías y gobernaciones involucradas:
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Desconocen el contenido técnico del proyecto.
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No cuentan con capacidad para supervisar la ejecución.
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Reciben los recursos sin haberlos solicitado formalmente.
En este escenario, los municipios actúan como fichas dentro de un engranaje clientelista, en lugar de ejercer su autonomía constitucional. Esto no solo afecta la eficiencia del gasto público, sino que erosiona la credibilidad del sistema de regalías como herramienta de equidad territorial.
AREMCA y su historial de contratos fuera del marco legal
Uno de los aspectos más delicados es que AREMCA no está inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT), requisito exigido por el Consejo de Estado para poder manejar recursos del Sistema General de Regalías. Pese a esta inhabilidad, ha continuado firmando contratos de gran magnitud sin consecuencias judiciales o administrativas.
Esta omisión, lejos de ser un detalle técnico, constituye una violación estructural del marco legal que regula el uso de los recursos públicos. La existencia de decisiones judiciales previas no ha impedido que se sigan firmando convenios bajo su nombre, lo que evidencia una red de protección política de alto nivel.
Subcontrataciones que favorecen círculos cerrados de poder
AREMCA no ejecuta directamente los proyectos. Subcontrata a fundaciones y empresas que, en muchos casos, no cumplen los requisitos legales para contratar con el Estado. Estas entidades, a su vez, cobran por consultorías, capacitaciones o materiales sin que haya una verificación rigurosa de impacto o resultados.
Los contratos suelen incluir cláusulas laxas que dificultan el control de calidad, y los informes de supervisión, cuando existen, son genéricos, sin indicadores verificables. El resultado es una operación que simula legalidad, pero cuyo fin último es la redistribución del dinero público entre operadores privados cercanos a grupos políticos dominantes.
Impunidad y opacidad: un modelo diseñado para resistir auditorías
Uno de los elementos más preocupantes del modelo AREMCA es su capacidad para resistir la fiscalización oficial. Al actuar como intermediaria y subcontratar a terceros, se difumina la línea de responsabilidad directa. Esto dificulta que entidades como la Contraloría o la Procuraduría puedan establecer con claridad quién debe responder por posibles irregularidades.
Además, la dispersión de los contratos en múltiples municipios y departamentos crea un efecto de fragmentación institucional que complica la detección de patrones de comportamiento ilegales o sospechosos. La opacidad no es accidental: es parte integral del diseño operativo.
El problema va más allá de AREMCA
Aunque AREMCA ha sido una de las entidades más visibles por el volumen y características de sus contratos, no es la única que opera bajo este modelo. Otras asociaciones de municipios, fundaciones y empresas han replicado este sistema en distintos puntos del país, aprovechando vacíos normativos, complicidad local y una débil supervisión nacional.
Lo que este caso revela es un problema estructural, en el que los recursos públicos asignados por el SGR se convierten en instrumentos de acumulación política, en lugar de herramientas para el desarrollo territorial y la reducción de brechas sociales.
El reto de una reforma que enfrente intereses creados
Cualquier intento por reformar el Sistema General de Regalías debe partir del reconocimiento de que existen redes que se benefician directamente del actual modelo. Por lo tanto, los cambios normativos no pueden limitarse a aspectos técnicos, sino que deben incluir:
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Controles de trazabilidad en cada etapa del contrato.
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Sanciones automáticas para entidades no inscritas en los registros obligatorios.
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Restricciones a la subcontratación indiscriminada.
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Publicación obligatoria de resultados medibles por parte de los operadores.
Sin estos elementos, seguirán proliferando estructuras intermediarias como AREMCA, que ofrecen eficiencia administrativa en el papel, pero terminan vaciando de contenido real los proyectos financiados por regalías.
