En medio del impacto nacional que ha generado el atentado contra el senador Miguel Uribe, ocurrido este sábado 7 de junio en Bogotá, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, confirmó que la entidad ya está activando su protocolo de intervención para proteger al menor de edad capturado por su presunta participación en el ataque.
En entrevista con La FM de RCN, Cáceres reiteró su repudio por los hechos, expresó solidaridad con la familia del senador herido, y explicó el papel del ICBF en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, al que será vinculado el joven, quien tendría entre 14 y 15 años.
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“Este joven entra dentro del sistema. La Policía lo pone a disposición de la Fiscalía, que a su vez coordina con la Defensoría del Pueblo. Desde el ICBF designamos una defensoría de familia y un psicólogo para acompañar todo el proceso”, precisó.
Protección especial para preservar la vida del menor
Uno de los aspectos más delicados abordados por Cáceres fue la necesidad de garantizar la vida del menor, teniendo en cuenta que podría tener información clave para identificar a los autores intelectuales del atentado.
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“Hemos solicitado a la Policía y a la Fiscalía que se encarguen de la seguridad del adolescente. Nuestra tarea es acompañar su defensa y su salud emocional, pero su vida debe ser protegida con todo el rigor”, subrayó.
Cáceres advirtió que la exposición del rostro e identidad del menor en redes sociales representa un grave riesgo no solo para su seguridad, sino para el esclarecimiento de los hechos.
“Estamos ante una oportunidad como país para actuar distinto. No se puede poner en riesgo al adolescente ni a la verdad que necesitamos conocer. Mostrar su rostro lo expone innecesariamente”, agregó.
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El menor aún no ha podido ser entrevistado por el ICBF
Según confirmó la directora del ICBF, el adolescente continúa en un proceso de atención médica, por lo que aún no se ha establecido contacto directo con él. Se espera que una vez sea dado de alta, pueda recibir la atención psicosocial y legal correspondiente.
“Mientras esté en cirugía y bajo cuidado médico no es posible intervenir. Apenas sea entregado por la Fiscalía, comenzaremos el acompañamiento desde Bienestar Familiar”, explicó.
Cáceres también señaló que el proceso de judicialización en estos casos suele tardar hasta 36 horas, aunque se está priorizando la celeridad debido a la gravedad del caso.
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Contacto con familiares: bajo reserva
Ante la pregunta sobre si ya hubo contacto con familiares del menor detenido, la directora señaló que ese procedimiento está en curso y que la Defensoría de Familia y la Defensoría del Pueblo ya están activando ese componente, aunque por ahora no se puede revelar información al respecto.
“No puedo dar detalles sobre los contactos con su familia, pero ese es un trámite que se encuentra en desarrollo”, indicó.
Uso de menores por redes criminales
Astrid Cáceres fue enfática en afirmar que el uso de menores por parte de organizaciones criminales no solo es condenable, sino que debe implicar sanciones más severas para los adultos responsables.
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“Los criminales que utilizan niños deben pagar el doble de la pena. Esa práctica no puede seguir siendo una estrategia para evadir la justicia”, recalcó.
La directora recordó que, en coordinación con el Ministerio de Justicia, el ICBF está impulsando una reforma a la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, con el objetivo de fortalecer el componente de justicia restaurativa y evitar que los adolescentes sigan siendo instrumentalizados por bandas criminales.
“Estamos trabajando en el Congreso para que la justicia entre con más claridad en la franja adolescente. Hay una percepción equivocada de que usar menores garantiza impunidad, y eso ya no es así”, puntualizó.
Consumo de drogas y violencia
Durante la entrevista, la directora del ICBF también expuso un aspecto estructural que, según la entidad, está agudizando la participación de menores en delitos de alto impacto y es el uso de sustancias psicoactivas como herramienta de manipulación por parte de estructuras criminales.
“Hay un agravante que cada vez es más evidente: los criminales inducen el consumo de sustancias para luego usar a los jóvenes como ejecutores. Esa combinación de adicción y control es parte del problema que estamos enfrentando”, explicó.
Astrid Cáceres, directora del ICBF
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