Tras la proclamación de la falta de respeto por la sentencia de tutela, que fue determinada por la Oficina del Fiscal del Estado para garantizar el servicio de agua potable, los representantes legales de la Unión Temporal (UT) Progress San Andrés 22 y la Asociación Regional de los Municipios de Kariba (AREMCA) fueron sancionados por la segunda corte civil y la providencia de arena.
El tribunal dijo que aunque el ministerio público dijo que había pasado más de seis meses sin instalar los registros necesarios en el pasaje para instalar el cableado requerido, la planta de desalinización está a medio camino.
Por otro lado, la entidad judicial llamó que UT y AMMCA recibieron un mes para reparar la red de voltaje eléctrico para la desalinización sin cumplir o dar ninguna respuesta al tema.
Por lo tanto, el tribunal sancionó a los representantes de empresas que hicieron cinco días de arresto y pago de una multa.
Además, les ordenó acelerar las reparaciones necesarias para restaurar el funcionamiento de la desalinización e inmediatamente logró el suministro de agua potable para los isleños.
En su decisión, Fallador creía que lo que se resolvió en la Guardia de la Guardia de 0071-24 12. Septiembre de 2024 era desconocido, a través del cual el derecho básico a regar a la población de San Andrés estaba protegido y garantizado.
Además, señaló que, a pesar del trabajo diligente de la oficina del fiscal estatal, son las diferentes llamadas que ya han informado que UT y Areca han sido dirigidos a la corte, omitiendo sus deberes, omitiendo sus deberes en caso de cognición del trabajo contratado.
El sujeto disciplinario dijo que, con su intervención en este caso, busca garantizar un derecho fundamental de suministrar el fluido vital a los residentes del archipiélago.
Finalmente, el segundo tribunal cívico municipal en la isla envió un archivo a la oficina del fiscal estatal para investigar al presunto Comité del delito de fraude a la resolución judicial.
