El respaldo de Gustavo Petro a Andrés Calle y sus implicaciones políticas
Durante la campaña electoral para el Congreso de la República, el entonces senador y hoy presidente Gustavo Petro protagonizó uno de los actos más visibles de apoyo político fuera de su coalición. En plena tarima pública, junto al candidato liberal Andrés Calle, compartió micrófono, abrazos y discursos. Sin pertenecer al Pacto Histórico, Calle recibió un respaldo abierto, directo y grabado, que circula en videos ampliamente difundidos en redes sociales.
Petro no disimuló su preferencia. Solicitó el voto por un candidato de otro movimiento político, en un escenario que muchos interpretaron como una clara señal de apoyo electoral institucionalizado desde las altas esferas del poder legislativo.
La doble vara del sistema: sanción a Nicolás Gallardo por hechos similares
Mientras tanto, en San Andrés, el joven gobernador Nicolás Gallardo enfrentaba un destino radicalmente diferente. El Consejo de Estado decidió destituirlo por incurrir en doble militancia política, acusación sustentada únicamente en un video que lo muestra apoyando a un candidato de coalición distinta.
La consecuencia fue contundente: la pérdida definitiva de su cargo, ignorando los más de 20 mil votos que lo llevaron al poder por elección popular. La misma figura jurídica —el apoyo público a un candidato externo— tuvo dos tratamientos distintos, separados solo por el nivel jerárquico de quienes la protagonizaron.
Silencio del Consejo Nacional Electoral ante el actuar presidencial
El caso Petro–Calle no recibió ninguna sanción, ni advertencia, ni siquiera un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pese a la evidencia audiovisual disponible y la naturaleza pública del acto, ningún organismo de control electoral abrió una investigación formal.
La Misión de Observación Electoral (MOE), usualmente atenta a las faltas en campañas regionales, tampoco se pronunció. El silencio institucional fue total, mientras la ciudadanía observó cómo un gobernador perdía su mandato por una acción idéntica a la protagonizada por quien hoy lidera el país.
La disparidad de trato revela una falla ética profunda
No se trata de una discusión meramente legal. El fondo del asunto es la existencia de un estándar doble en la aplicación del derecho político y electoral. A los mandatarios locales y regionales se les exigen procesos técnicos y jurídicos impecables. A los líderes nacionales, en cambio, se les permite actuar con holgura sin enfrentar consecuencias.
Gallardo fue destituido por un video. Petro fue grabado haciendo lo mismo. Uno fue sancionado. El otro promovió a un aliado político sin que se cuestionara su comportamiento. La doble militancia parece castigarse solo cuando no se cuenta con respaldo presidencial.
¿Doble militancia o doble moral?
La expresión “doble militancia” ha sido usada como instrumento legal para deslegitimar candidaturas incómodas en regiones periféricas. Sin embargo, cuando el favorecido está vinculado a círculos de poder nacional, la figura parece desactivarse. La pregunta, entonces, deja de ser jurídica para convertirse en una crítica a la coherencia del sistema político colombiano.
¿Cómo se justifica que un joven electo democráticamente sea removido del cargo, mientras otro político es impulsado desde el Ejecutivo pese a estar vinculado a escándalos de corrupción?
La narrativa oficial y la omisión institucional
El gobierno nacional no ha emitido comentarios sobre el respaldo que Petro ofreció a Andrés Calle. El CNE no ha emitido informes, y ninguna autoridad se ha atrevido a equiparar ambos casos públicamente. Las imágenes están ahí, disponibles, documentadas, pero la ley no se aplica con la misma intensidad en todos los niveles del poder.
Este silencio se convierte en una forma de validación implícita, un mensaje claro de que las reglas pueden variar según el cargo que se ocupe o el grupo político al que se pertenezca.
El peligro de la selectividad en la aplicación del derecho electoral
Cuando las instituciones que deben garantizar la equidad en los procesos democráticos actúan de forma selectiva, se socava uno de los principios fundamentales de cualquier Estado de derecho: la igualdad ante la ley.
La sanción contra Nicolás Gallardo, basada en una norma aplicada con rigor extremo, contrasta con la permisividad que rodeó al acto de Petro. Esto revela un patrón preocupante de aplicación diferenciada del marco jurídico, donde la ética y la legalidad ceden ante intereses políticos momentáneos.
La ciudadanía observa y compara
Los electores que eligieron a Gallardo no solo fueron ignorados. También vieron cómo el respaldo presidencial a Calle fue celebrado y protegido institucionalmente, pese a haber ocurrido bajo las mismas condiciones que motivaron la destitución del gobernador.
Esto envía un mensaje demoledor: no todos los votos tienen el mismo valor, y no todas las figuras públicas enfrentan el mismo escrutinio. La legitimidad de las normas pierde fuerza cuando la aplicación es parcial o acomodada.
Un precedente que erosiona la confianza en el sistema democrático
Si las normas solo se aplican a quienes no tienen fuero o poder, y se ignoran cuando comprometen a figuras centrales del gobierno, el sistema pierde no solo credibilidad, sino también su capacidad de representar justicia. Este tipo de acciones profundizan la desconfianza en las instituciones y generan la percepción de que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría ante la ley.
