La Contraloría General de la República realizó auditorías de cumplimiento a los Planes Departamentales de Agua (PDA) en los departamentos de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre y estableció 14 hallazgos fiscales por más de 14.298 millones de pesos, en el primer semestre de 2025, lo que evidencia que persisten problemas estructurales en la planeación, contratación y ejecución de estos proyectos en todo el país.
Estos ejercicios de control fiscal a los PDA se suman a los ya adelantados en otros Departamentos por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, desde el año 2020 -Año en que fue creada- hasta la presente vigencia, arrojando un total de hallazgos fiscales superiores a los $259.460 millones.
Aunque los Planes Departamentales de Agua (PDA) nacieron como una estrategia del Estado que pretendía cerrar brechas de acceso al agua potable y saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables, la evidencia revela que no se ha alcanzado el objetivo de lograr un acceso equitativo y sostenible.
Hoy la cobertura de acueducto urbano en Colombia supera el 92%, mientras que en áreas rurales apenas llega al 43.38%, dejando a más de 10 millones de colombianos sin un servicio formal, confiable y seguro. El panorama del alcantarillado es aún más crítico; en el sector rural la cobertura no alcanza ni el 16%, con una brecha urbano-rural cercana a 70 puntos porcentuales.
La Contraloría consolidó información directamente con los gestores PDA de los 32 departamentos, evidenciando que alrededor del 12,5% de los municipios del país no están vinculados a la estrategia por limitaciones técnicas, de planeación y gestión.
También halló una fuerte desigualdad en la distribución de proyectos en el país: Mientras en Cundinamarca se reportan más de 1.500, en departamentos como Vichada, Risaralda o Putumayo informaron menos de 20. Además, de los 5281 proyectos reportados, se evidenció que 389 están suspendidos, 29 en litigio jurídico y 8 incumplidos, lo que refleja problemas serios de planeación, ejecución y control. Esto refleja que el enfoque territorial con énfasis en los territorios apartados con el que la estrategia PDA fue concebido inicialmente, no pudo ser ejecutado de manera efectiva.
Las múltiples auditorías y ejercicios de control fiscal evidencian un modelo caracterizado por graves deficiencias de planeación, ejecución y supervisión, con proyectos inconclusos o no funcionales, recursos públicos que terminan mal invertidos o sin traducirse en servicios efectivos para la población y brechas urbano-rurales que aún permanecen.
La Contraloría General de la República reitera la urgencia de fortalecer los mecanismos de planeación, control y seguimiento, adoptando enfoques diferenciales y territorialmente pertinentes que permitan cerrar de forma real las brechas de acceso a estos servicios esenciales.
